Escritos dirigidos a la Alta Inspección y al Procurador del Común

Escritos dirigidos a la Alta Inspección y al Procurador del Común instándoles a llevar a cabo las acciones que consideren oportunas para cumplir con la legislación actual y establecer la zonificación escolar, contribuyendo así a luchar contra la segregación escolar y social. 

La Plataforma y Foro por la Escuela Pública de Castilla y León consideramos que el establecimiento de la zona única de admisión está en contra de la ley, ya que contraviene lo dispuesto en la normativa vigente de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, puesto que en su artículo 86 obliga a las administraciones educativas a determinar áreas de influencia, una vez oídas las administraciones locales, “de modo que permitan garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio y cubran en lo posible una población socialmente heterogénea.”

Durante los años que lleva impuesta la zona única de admisión hemos podido comprobar:
* Que la zona única beneficia a quienes más recursos tienen y perjudica a la población socioeconómicamente más vulnerable.
* Que centros de determinadas zonas se han convertido en “centros gueto” a los que, en general, solamente acude el alumnado que no dispone de medios para acceder a un centro más distante.
* Que, al acceder a centros distantes, las familias hacen mayor uso de sus automóviles para llevar y recoger a sus hijas e hijos, causando problemas circulatorios a determinadas horas, lo cual condiciona la propia vida de sus habitantes.
* Que aumentan la contaminación y el riesgo de accidentes en los alrededores de los centros educativos por dichos problemas circulatorios.
* Que se pierde toda posibilidad de construir caminos seguros, saludables y amables para que el alumnado camine hacia/desde su centro educativo.
* Que se rompe el lazo emocional con el barrio de cada uno al romperse también las relaciones sociales generadas en su seno.
* Que se anula la vida de barrio, la identidad de y con el barrio porque sus menores no tienen relación entre ellos al dispersarse durante el tiempo educativo.

Creemos que son situaciones graves que exigen una revisión y cuestionamiento del actual modo de distribuir las zonas de escolarización. Además, este problema no es exclusivo de la zona urbana: las actuales unidades territoriales de admisión suponen una injusta desigualdad en el acceso a la oferta formativa, especialmente para el alumnado de Bachillerato y Formación Profesional de la zona rural.

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